Política

Estados y municipios podrán renegociar su deuda sin autorización de los Congresos locales

La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que podrán renegociar la deuda sin aval de la federación y del Congreso local

Por  Carmen Leticia Villegas Moreno

Estados y municipios podrán renegociar su deuda sin autorización de los Congresos locales. | Especial

Estados y municipios podrán renegociar su deuda sin autorización de los Congresos locales. | Especial

Ciudad de México.- Con 345 votos a favor, 49 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la reforma a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas  y los Municipios de México, que permitirá a los estados que puedan renegociar su deuda a corto y largo plazo, solo por un año, cuando disminuya el Producto Interno Bruto (PIB) más de 5 por ciento, pero lo podrán realizar sin aval de la federación y tampoco sin autorización del Congreso local.

Destaca que la reforma no pretende en ningún sentido exceder los niveles de endeudamiento de las entidades federativas, sino dar herramientas para un manejo de las finanzas públicas locales, generar infraestructura y fortalecer la hacienda pública local.

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También modifica el decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y reforma diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial el 27 de abril de 2016.

Se establece que las entidades federativas podrán redirigir los recursos presupuestados en materia de desastres naturales para la atención de contingencias sanitarias, y otorga mayor claridad y certeza jurídica en el ejercicio de las transferencias federales etiquetadas.

Al referirse al dictamen, el secretario de la Comisión, diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), señaló que el beneficio de la reforma es encarar de mejor manera las necesidades que se han evidenciado en las entidades y municipios para atender tensiones en las finanzas públicas que fueron generadas o agravadas por la emergencia sanitaria y económica, y se cubren situaciones y omisiones que hoy son una camisa de fuerza.

Relató que se ajusta el texto para atender una emergencia una vez que sea reconocida por la autoridad competente, la modificación quedará vigente a partir de este año y para los siguientes ejercicios; es una precisión necesaria, porque de otra manera, estará prohibido contratar personal de salud adicional, aunque se necesite.

Por ello, se incorpora la definición de emergencia o contingencia sanitaria para que los recursos previstos en los presupuestos estatales para desastres naturales también se destinen a acciones extraordinarias en materia de salubridad general.

Además, se incluyen disposiciones para apoyar a los gobiernos ante caídas del PIB superiores al 5 por ciento; en ese caso, se permitirá la reestructuración de deuda de corto plazo celebrada en el ejercicio anterior al que se observó la caída del PIB; así se podrá ampliar la fecha de liquidación establecida en periodo de pagos de capitales iguales o consecutivo de la deuda para que puedan programar sus pagos en función de sus ingresos.

Las entidades federativas y municipios, expuso, podrán diferir los pagos de la deuda de corto y largo plazo por un período de hasta 12 meses; lo anterior, está en línea con la argumentación pública del Ejecutivo federal a favor de las reestructuraciones porque representan un alivio temporal para los estados y municipios.

Esta propuesta, dijo, es similar a la medida empleada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y sólo se podrá implementar durante el ejercicio fiscal 2020 atendiendo a la emergencia.

Además, las transferencias federales etiquetadas del 2019 podrán devengarse y pagarse en diciembre del 2020, mientras que las de 2020 podrán devengarse y pagarse en octubre del 2021, siempre que los recursos en ambos casos hayan estado comprometidos en diciembre. 

Esta medida es una de las más sensibles pues evita sancionar retrasos en el reintegro de las transferencias que se tenían que hacer en marzo de este año, justo cuando inició la etapa crítica de la pandemia que fue un hecho claramente emergente y que altera el ritmo de las actividades, añadió.

Para reactivar la economía municipal se propone que los municipios con población menor a 200 mil habitantes que tienen escasa capacidad administrativa, no estarán obligados a presentar la opinión del ente fiscalizador de la entidad federativa como uno de los requisitos para inscribir el financiamiento.

Con este conjunto de modificaciones, afirmó, la norma se mejora y actualiza; se mantienen los principios constitucionales de la reforma de 2015 y se libera el flujo de recursos para que las entidades federativas y los municipios puedan atender la pandemia, las presiones financieras y el contexto económico que está generó. “No se autorizan erogaciones adicionales, ni un ejercicio discrecional; no tiene impacto presupuestario”.

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